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Sie sind hier: Startseite Zeitschrift Ausgaben 374 | Sozialstaaten Preguntar no cuesta nada

Preguntar no cuesta nada

Las consultas indígenas en América Latina son pseudo-democráticas Cuando se trata de proyectos como los parques eólicos, muchos países latinoamericanos requieren consultas previas con los grupos indígenas afectados. ¿Por qué, entonces, sucede que muchas veces sus derechos de cogestión son ignorados en la práctica?

De Rosa Lehmann

A finales de marzo de 2019, los pueblos indígenas habitantes del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, fueron llamados a discutir un programa de desarrollo para la región. Según el “Acuerdo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes“ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169) de 1989, en el caso de proyectos económicos y de infraestructura en su territorio, los grupos indígenas deben ser consultados de manera libre, previa, informada, de buena fé y culturalmente adecuada. México ratificó el acuerdo en 1990, pero cabe destacar que el primer proceso de consulta tuvo lugar recién en 2015.

Las consultas que han tenido lugar desde entonces son muy controvertidas. A menudo programadas a corto plazo, quienes pueden o quieren estar presentes en los foros discuten proyectos que ya han sido previamente planificados. Por lo general, las autoridades gubernamentales ya han otorgado las concesiones, las empresas han recibido préstamos y los inversores han prometido adjudicar dinero a proyectos específicos. En el caso de un mega parque eólico en Juchitán, en el sur de México, ya existían contratos de arrendamiento entre empresas y propietarixs. Finalmente, las personas presentes votaron a favor de la construcción del parque eólico. Las personas críticas que fueron amenazadas por quienes defendían el proyecto, y cuyas solicitudes de beneficios económicos a largo plazo no habían sido respondidas por las autoridades, se mantuvieron al margen de la votación.

Esto ilustra las dificultades para hacer efectivo el derecho a la consulta por el que los movimientos indígenas habían luchado desde los años setenta. La inclusión de los derechos de consulta en las constituciones y en los catálogos de normas de países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Colombia y Perú puede considerarse un éxito. El derecho a la consulta es parte de las demandas de largo alcance de autonomía cultural y política, participación socioeconómica y el fin del racismo contra los pueblos indígenas. Pero el derecho a la consulta sobre proyectos económicos afecta principalmente a los proyectos de inversores (inter)nacionales y empresas estatales que desean explotar materias primas o ejecutar proyectos de infraestructura en zonas habitadas por grupos afroamericanos o indígenas, que a menudo están marginados desde el punto de vista socioeconómico.

 

Sólo un medio simbólico de poder

En la mayoría de los casos, las personas que viven allí no se benefician significativamente de los proyectos, pero se enfrentan, en muchos casos, a sus altos impactos ecológicos. . En las luchas de muchos grupos indígenas contra la minería a cielo abierto, las mega represas, los gasoductos o las carreteras, la OIT 169 es, por lo tanto, un punto de referencia central para exigir la participación en los proyectos, a menudo con la esperanza de evitarlos. También se hace referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2006. Según ella, incluso se requiere el consentimiento de los grupos indígenas afectados.

En el caso de México, las organizaciones indígenas además aportan el acuerdo de Sán Ándres sobre derechos y cultura indígenas, negociado en 1996 entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero no integrado en la Constitución, para promover el derecho a la cogestión y la autodeterminación. Hasta la fecha, no existe una ley de consulta en México, pero existen varias disposiciones, como las relativas a los proyectos energéticos, que estipulan que las comunidades afectadas deben ser consultadas.

En muchos países, el derecho a la consulta ha demostrado ser hasta ahora un medio simbólico de poder para los movimientos indígenas en la lucha contra proyectos controvertidos. Al menos fortaleció la legitimidad de los actores indígenas. Sin embargo, los conflictos dentro de las comunidades indígenas sobre la utilidad de los proyectos planificados no son apaciguados por los procesos de consulta, aunque en el caso de los procesos de consulta realizados, la violencia del Estado contra las críticas y los críticos disminuyó, como afirman las científicas Gisela Zaremberg y Marcela Torres Wong en un estudio sobre las consultas en Bolivia, México y Perú. Pero hasta ahora ningún proyecto ha sido detenido en una consulta en estos países tampoco.

Para el abogado colombiano de derechos humanos César Rodríguez Garavito, las consultas son, por lo tanto, parte de la gobernabilidad neoliberal, aunque suelen estar asociadas a una retórica de participación y empoderamiento de la población local. Las consultas, que normalmente se llevan a cabo en contextos extremadamente conflictivos, son consideradas como meros procedimientos por quienes las llevan a cabo, y no es raro que las propias empresas se vean implicadas de manera activa. Como resultado, incluso para aquellos que antes habían organizado marchas de protesta contra el proyecto, ahora todo gira rápidamente en torno al procedimiento correcto. En resumen: una consulta necesita un sujeto comunicativo domesticado y no un movimiento indígena militante. Los debates fundamentales sobre la violencia contra las minorías, las desigualdades sociales y las asimetrías de poder entre los actores imaginados como socios en posición de negociación entre iguales se pierden de vista en detrimento del debate sobre la "forma" correcta de conducir el proceso.

Las consultas, por ejemplo, suelen versar sobre la aprobación del status quo y, en el mejor de los casos, sobre el pago de elevadas compensaciones a los afectados o sobre proyectos sociales financiados por las empresas. En 2016, por ejemplo, los Yaquis del norte de México pudieron ganar alrededor de 4 millones de dólares en una consulta sobre la construcción de un gasoducto realizada por el gobierno mexicano. Incluso después de la encuesta de Juchitán, la comunidad estaba en mejor situación que otras comunidades de la región, al menos sobre el papel, debido a las concesiones hechas por el consorcio de operadores transnacionales, para las cuales no se había llevado a cabo ninguna consulta previa en contra de las normas correspondientes.

Sin embargo, no sólo en vista de las ganancias de las empresas implicadas, resulta cínico hablar de consultas libres, previas e informadas. ¿Habría realmente una opción para votar en contra? ¿Quién asumiría el costo de detener el proyecto? ¿Se pueden poner en marcha proyectos de desarrollo alternativo, tal como lo permite el decreto en Ecuador, por ejemplo, cuando al mismo tiempo se observa que éstos deben ser "técnica y económicamente viables", como afirman los científicos sociales Almut Schilling-Vacaflor y Riccarda Flemmer?

En México, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), dirigido por Adelfo Regino Montes, ex ministro de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, ha propuesto lanzar una consulta sobre una ley de consulta. Esto ocurrió poco después de la criticada consulta sobre el plan de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, para el cual el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado a los inversionistas. El ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, llevaba años pidiendo una ley de consulta de este tipo. Ejemplos de Perú y Guatemala muestran, sin embargo, que la influencia de las organizaciones indígenas consultadas en la redacción de la ley fue limitada. Pero hacer el intento resulta siempre mejor que dejar la responsabilidad de forma exclusiva en manos de empresas y financiadores.

 

Voluntad cuestionable

Aunque muchas empresas se han impuesto a sí mismas compromisos voluntarios, las instituciones financieras multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también tienen provisiones correspondientes para los proyectos que financian. Las organizaciones de derechos humanos exigen que las empresas europeas o norteamericanas también las implementen y respeten los derechos indígenas. Pero la historia de las normas voluntarias y los compromisos de las empresas demuestra que son cuestionables. En México, la comisión de revisión interna del BID había fallado a favor de los demandantes en un caso de denuncia presentado por residentes contra un proyecto de parque eólico financiado con créditos del BID en el que este había violado sus propias normas al otorgarlos. Sin embargo, esto no condujo a la cancelación de los fondos para la empresa en cuestión; ahora ha completado el mayor parque eólico de América Latina con un nombre diferente y en parte con el mismo personal directivo.

Algunas organizaciones indígenas exigen que las comunidades afectadas realicen encuestas organizadas de manera autónoma, sin representantes de las instituciones estatales y de las empresas involucradas. Aunque esta propuesta resuena con la idea esencialista de un colectivo indígena homogéneo en el que se puedan suavizar las diferentes posiciones y desactivar los contextos de conflicto violento a través de las asambleas de aldea, muestra que las instituciones estatales y las empresas no son vistas como garantes de las normas de la OIT. Además, ilustra la urgente necesidad de derechos de participación para los grupos indígenas que van más allá del debate de proyectos previamente decididos.

 

Rosa Lehmann es investigadora en la Universidad de Jena y su trabajo se enfoca en el estudio de las desigualdades en la bioeconomía. Previamente, realizó un trabajo de investigación sobre un conflicto por la energía eólica en México.

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